Hoy mismo el pleno del Parlamento Europeo ha rechazado el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, mejor conocido como ACTA, un acuerdo que establecería estándares internacionales del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual que amenazaba el futuro de Internet, de los medicamentos genéricos y de muchos de nuestros derechos civiles.
Con 478 votos en contra, 39 a favor, 165 abstenciones y el rechazo pronunciado de todos los partidos europeos excepto (sorpresa, sorpresa) el del Partido Popular Europeo, los 27 han tumbado unilateralmente al ACTA; el único pez gordo internacional que todavía apoya la propuesta es Estados Unidos, y sin la compañía de aliados como Australia y Europa se prevé que Washington retirará su apoyo, rematando así esta broma de mal gusto.
Entre otras cosas, ACTA haría responsables a los proveedores de acceso a internet del contenido protegido por derechos de autor que suban sus usuarios a la red, obligándoles a tomar un papel de policía que no les corresponde, y tendrían que proporcionar las direcciones IP de sospechosos de piratería a las autoridades. Pero esto va más allá de internet. Dado que el acuerdo es increíblemente vago, en esencia podría criminalizar los medicamentos genéricos: ya que carecen de propiedad intelectual, podrían considerarse drogas ilegales.
Sin duda las leyes de propiedad intelectual están anticuadas y necesitan una revisión: Internet ha marcado un antes y un después tecnológico y cultural y la legislatura no se ha puesto al día. Por desgracia, la mayoría de leyes propuestas para lidiar con los conflictos que este nuevo mundo ha creado no pretenden aprovechar la tecnología y crear nuevas oportunidades para los autores sino limitarla para, precisamente, no tener que cambiar la industria en absoluto. Eso es lo que hacía ACTA, como ya lo habían hecho antes SOPA y PIPA en Estados Unidos, y eso es lo que, con suerte, no se volverá a intentar en la comunidad internacional.
En efecto, con el batacazo que han recibido esta clase de leyes últimamente (con la excepción regional de la Ley Sinde aquí en España), es plausible que la Unión Europea empiece a proponer reformas legislativas en el ámbito de la propiedad intelectual que aprovechen las ventajas que nos ha traído el mundo digital en vez de pisotearlas. Al margen de lo que nos depare el futuro, este es un gran día para los ciudadanos europeos: por primera vez hemos prestado atención a la política supranacional y nos hemos movilizado juntos contra un tratado que podría abusar el derecho a la privacidad y a la información de los europeos.
En el mismo día que la organización cientíifica europea CERN anuncia que, con casi total seguridad, por fin han descubierto el bosón de Higgs, una partícula que explica por qué las demás partículas elementales tienen masa y completa el modelo estándar de física de partículas, la Unión Europea decide (con la excepción del partido europeo derechista, retrógrado no solo en asuntos sociales sino también económicos) que no vamos a seguir aprobando leyes anti-progresistas. Ahora mismo el futuro no pinta tan sombrío.
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SOPA cae, el FBI cierra Megaupload
Ayer, exactamente un día después de la protesta online contra SOPA y PROTECT IP, el FBI y el Departamento de Estado de EEUU, con ayuda de varias agencias internacionales, llevaron a cabo una operación de clausura contra Megaupload, la página de intercambio de archivos más popular. Se ha cerrado la página y detenido a siete de sus empleados con cargos de violación de la propiedad intelectual por piratería informática y de conspiración criminal.
El Departamento de Justicia alega que estos siete acusados son responsables de "piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual". En total, cada acusado se enfrenta a una pena máxima de 50 años de prisión.
Si bien es cierto que la investigación habrá llevado su tiempo y precede las circunstancias políticas actuales, no parece fantástico aventurar que hayan elegido la fecha de ayer en retahíla a la protesta mundial en contra de SOPA y PIPA. La verdad es que no podemos confirmarlo. De todas formas, la protesta sí que tuvo su impacto político: antes de la protesta SOPA tenía 80 partidarios y 31 adversarios en el congreso; tras la protesta solo quedaban 65 partidarios y el número de adversarios llegó hasta 101. En el senado, PIPA pasó de tener 5 adversarios a 35 y solo se necesita que 41 senadores digan "No" a esta ley para frenarla.
Actualización. Lamar Smith, el mayor promotor de SOPA, ha decidido retirar la propuesta del congreso definitivamente. Además, la votación de PIPA ha quedado aplazada indefinidamente.
Aunque no podemos saber si la maniobra del FBI ha sido una táctica con una puntualidad política deliberada o no, la respuesta de Internet a la clausura de Megaupload ha sido sin duda muy deliberada: además de quejas populares, miles de personas han tomado la bandera de Anonymous en un ataque de denegación de servicio: en la noche entre el 19 y el 20 ha habido ataques masivos contra las páginas web de varias agencias estadounidenses y discográficas. Probablemente se trate del mayor ataque informático de la historia.
Para aquellos que no lo sepan, un DoS o ataque de denegación de servicio consiste en saturar una página web con tantas peticiones de visita simultáneas que esta queda inaccesible. Durante momentos distintos de la noche han caído las páginas de empresas como Universal, de organizaciones como la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, e incluso de agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia. La última en caer ha sido la página del FBI, que supuestamente debería tener una seguridad excepcional.
En una muestra de sensacionalismo que resulta de todas formas atractiva y casi correcta, varios medios han calificado esta acción como la Primera Guerra Mundial Digital.
El Departamento de Justicia alega que estos siete acusados son responsables de "piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual". En total, cada acusado se enfrenta a una pena máxima de 50 años de prisión.
Si bien es cierto que la investigación habrá llevado su tiempo y precede las circunstancias políticas actuales, no parece fantástico aventurar que hayan elegido la fecha de ayer en retahíla a la protesta mundial en contra de SOPA y PIPA. La verdad es que no podemos confirmarlo. De todas formas, la protesta sí que tuvo su impacto político: antes de la protesta SOPA tenía 80 partidarios y 31 adversarios en el congreso; tras la protesta solo quedaban 65 partidarios y el número de adversarios llegó hasta 101. En el senado, PIPA pasó de tener 5 adversarios a 35 y solo se necesita que 41 senadores digan "No" a esta ley para frenarla.
Actualización. Lamar Smith, el mayor promotor de SOPA, ha decidido retirar la propuesta del congreso definitivamente. Además, la votación de PIPA ha quedado aplazada indefinidamente.
Aunque no podemos saber si la maniobra del FBI ha sido una táctica con una puntualidad política deliberada o no, la respuesta de Internet a la clausura de Megaupload ha sido sin duda muy deliberada: además de quejas populares, miles de personas han tomado la bandera de Anonymous en un ataque de denegación de servicio: en la noche entre el 19 y el 20 ha habido ataques masivos contra las páginas web de varias agencias estadounidenses y discográficas. Probablemente se trate del mayor ataque informático de la historia.
Para aquellos que no lo sepan, un DoS o ataque de denegación de servicio consiste en saturar una página web con tantas peticiones de visita simultáneas que esta queda inaccesible. Durante momentos distintos de la noche han caído las páginas de empresas como Universal, de organizaciones como la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, e incluso de agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia. La última en caer ha sido la página del FBI, que supuestamente debería tener una seguridad excepcional.
En una muestra de sensacionalismo que resulta de todas formas atractiva y casi correcta, varios medios han calificado esta acción como la Primera Guerra Mundial Digital.
SOPA y la censura de Internet
SOPA. Probablemente habéis oído hablar de esas siglas últimamente. La Stop Online Piracy Act es un proyecto de ley estadounidense que pretende acabar con la piratería digital aumentando el poder de las fuerzas del orden y de los titulares de los derechos de autor.
¿Suena bien? Por supuesto que no. Pero lo alarmante es que ha recibido críticas incluso de aquellos que se oponen a la llamada 'piratería'. Y es que esta ley se extralimita tanto que pisa el terreno de las libertades civiles de una forma más propia de China que de Estados Unidos.
Con sistemas similares a los de China e Irán, SOPA permitiría al gobierno estadounidense bloquear páginas web que contengan un enlace que inflija algún derecho de autor, al margen de si este enlace ha sido añadido por el propietario de la página. SOPA obligaría a empresas como Megaupload a convertirse en perros guardianes de la más mínima infracción, y como esto es prácticamente imposible tendrían que decidirse entre el bloqueo permanente por infracción y la bancarrota por servicio pésimo. Es una elección imposible.
Y podemos despedirnos del 'uso legítimo'. En Estados Unidos se puede usar material protegido por derechos de autor siempre que se cumpla un propósito propio, como ocurre con las críticas de películas, libros y videojuegos. Este es un derecho protegido por su Primera Enmienda, que asegura la libertad de expresión y de prensa, pero SOPA pretende pasarse por el forro la Carta de Derechos en aras de proteger a las gigantes del copyright.
Los titulares de los derechos de autor son entidades privadas, pero tomarían las riendas del gobierno al marcar como infractor lo que deseen. Este material, ya sea una crítica de una película o una guía de un videojuego, se bloquearía al instante, sin que el gobierno haya llegado a valorar si se trata de una infracción de los derechos de autor. La idea de SOPA ya es pésima, pero su ejecución es simplemente insultante: cede el poder al sector privado para que se protejan a sí mismos. ¿Conflicto de intereses? ¿Dónde? Insultante y ridículo.
Para los usuarios esta ley acabaría con Internet tal y como lo conocemos. Para las nuevas empresas dejaría de ser un terreno fértil. En nombre de proteger la creatividad, el gobierno estadounidense y las empresas promotoras van a mutilar al mayor avance sociotecnológico desde la invención de la imprenta y la única potencia económica que no está en declive.
Este jueves 15 de diciembre se decidirá si se aprueba la ley. Seáis de EE. UU. o no, haceos oír
¿Suena bien? Por supuesto que no. Pero lo alarmante es que ha recibido críticas incluso de aquellos que se oponen a la llamada 'piratería'. Y es que esta ley se extralimita tanto que pisa el terreno de las libertades civiles de una forma más propia de China que de Estados Unidos.
Con sistemas similares a los de China e Irán, SOPA permitiría al gobierno estadounidense bloquear páginas web que contengan un enlace que inflija algún derecho de autor, al margen de si este enlace ha sido añadido por el propietario de la página. SOPA obligaría a empresas como Megaupload a convertirse en perros guardianes de la más mínima infracción, y como esto es prácticamente imposible tendrían que decidirse entre el bloqueo permanente por infracción y la bancarrota por servicio pésimo. Es una elección imposible.
Y podemos despedirnos del 'uso legítimo'. En Estados Unidos se puede usar material protegido por derechos de autor siempre que se cumpla un propósito propio, como ocurre con las críticas de películas, libros y videojuegos. Este es un derecho protegido por su Primera Enmienda, que asegura la libertad de expresión y de prensa, pero SOPA pretende pasarse por el forro la Carta de Derechos en aras de proteger a las gigantes del copyright.
Los titulares de los derechos de autor son entidades privadas, pero tomarían las riendas del gobierno al marcar como infractor lo que deseen. Este material, ya sea una crítica de una película o una guía de un videojuego, se bloquearía al instante, sin que el gobierno haya llegado a valorar si se trata de una infracción de los derechos de autor. La idea de SOPA ya es pésima, pero su ejecución es simplemente insultante: cede el poder al sector privado para que se protejan a sí mismos. ¿Conflicto de intereses? ¿Dónde? Insultante y ridículo.
Para los usuarios esta ley acabaría con Internet tal y como lo conocemos. Para las nuevas empresas dejaría de ser un terreno fértil. En nombre de proteger la creatividad, el gobierno estadounidense y las empresas promotoras van a mutilar al mayor avance sociotecnológico desde la invención de la imprenta y la única potencia económica que no está en declive.
Este jueves 15 de diciembre se decidirá si se aprueba la ley. Seáis de EE. UU. o no, haceos oír
Di no al ACTA
El Acuerdo comercial anti-falsificación, más conocido como ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es una propuesta para establecer estándares internacionales del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
No solo ha recibido fuertes críticas por sus fines sino también por sus medios: se está negociando con considerable secretismo y de forma no democrática entre representantes no electos de varios países. Y si los medios son tan ruines, ¿qué se puede esperar del fin?
(Seleccionar 'CC' para activar subtitulos - Ver vídeo similar en español)
Entre otras muchas cosas el acuerdo afectaría sobremanera al futuro de Internet. Nos podríamos olvidar de compartir archivos. No solo de aquello normalmente calificado como piratería: ¿soléis ver clips de series de televisión y películas en Youtube? ¿Guías de videojuegos? Si vuestro país firma el acuerdo, podréis olvidaros de todo eso.
Se prevé que 39 países aceptarán esta propuesta. Sí, el medio es aún más insultante que el fin: el ACTA circunvala a los poderes legislativos y a las organizaciones internacionales para servir a la industria del entretenimiento, que en lugar de poner al día su modelo de negocio pretende censurar la fuerza imparable que ha supuesto Internet en el uso compartido de archivos: el acuerdo impondría sanciones criminales contra los proveedores de servicios de Internet que no censuren a sus usuarios, convirtiéndolos a la fuerza en policías de Internet. Esto supone una violación de la libertad de expresión, pero no solo afectaría a Internet: entre otras cosas, el ACTA dificultaría el acceso de medicamentos genéricos a los países pobres.
El acuerdo engloba toda propiedad intelectual y viola casi tantas libertades, así que si queréis echarle un vistazo más profundo, en La Quadrature du Net encontraréis un análisis de la versión final del acuerdo, más sutil en su redacción pero igual de atroz en su intención. En cambio, no todo está perdido: las protestas contra el ACTA crecen y los políticos no se ponen de acuerdo. Un estudio de la Unión Europea indicaba que el acuerdo contiene graves defectos legales y recomienda que se rechace su ratificación en el Parlamento de la Unión Europea.
Hará exactamente un mes se dio una ceremonia en la Estados Unidos, Canadá, Japón y otras cinco naciones firmaron el acuerdo. La comunidad europea no firmó. En los próximos meses el Parlamento Europeo tendrá que votar si consentirá el ACTA. Hasta entonces, haceos oír.
No solo ha recibido fuertes críticas por sus fines sino también por sus medios: se está negociando con considerable secretismo y de forma no democrática entre representantes no electos de varios países. Y si los medios son tan ruines, ¿qué se puede esperar del fin?
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Entre otras muchas cosas el acuerdo afectaría sobremanera al futuro de Internet. Nos podríamos olvidar de compartir archivos. No solo de aquello normalmente calificado como piratería: ¿soléis ver clips de series de televisión y películas en Youtube? ¿Guías de videojuegos? Si vuestro país firma el acuerdo, podréis olvidaros de todo eso.
Se prevé que 39 países aceptarán esta propuesta. Sí, el medio es aún más insultante que el fin: el ACTA circunvala a los poderes legislativos y a las organizaciones internacionales para servir a la industria del entretenimiento, que en lugar de poner al día su modelo de negocio pretende censurar la fuerza imparable que ha supuesto Internet en el uso compartido de archivos: el acuerdo impondría sanciones criminales contra los proveedores de servicios de Internet que no censuren a sus usuarios, convirtiéndolos a la fuerza en policías de Internet. Esto supone una violación de la libertad de expresión, pero no solo afectaría a Internet: entre otras cosas, el ACTA dificultaría el acceso de medicamentos genéricos a los países pobres.
El acuerdo engloba toda propiedad intelectual y viola casi tantas libertades, así que si queréis echarle un vistazo más profundo, en La Quadrature du Net encontraréis un análisis de la versión final del acuerdo, más sutil en su redacción pero igual de atroz en su intención. En cambio, no todo está perdido: las protestas contra el ACTA crecen y los políticos no se ponen de acuerdo. Un estudio de la Unión Europea indicaba que el acuerdo contiene graves defectos legales y recomienda que se rechace su ratificación en el Parlamento de la Unión Europea.
Hará exactamente un mes se dio una ceremonia en la Estados Unidos, Canadá, Japón y otras cinco naciones firmaron el acuerdo. La comunidad europea no firmó. En los próximos meses el Parlamento Europeo tendrá que votar si consentirá el ACTA. Hasta entonces, haceos oír.
El CGPJ deja tocada a la Ley Sinde
El abogado de propiedad intelectual David Bravo es sin duda el mayor crítico de la Ley Sinde y la cara visible del movimiento español en pos del libre intercambio. Su último artículo trata un nuevo obstáculo para la Ley Sinde: el propio Consejo General del Poder Judicial.
[...] el reciente informe del Consejo General del Poder Judicial encierra un párrafo con el que seguramente no se contaba y que bien podría suponer un enorme obstáculo para aplicar la Ley Sinde en el sentido que se pretendía desde un inicio.
Si bien habla de cuestiones relativas a la cesión de datos, dice el informe: "Es el caso de los prestadores de herramientas de enlaces a páginas web, a los cuales, conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual. Dado este panorama, y aunque pueda ponerse en cuestión ese estado de opinión mayoritario, no tiene sentido establecer que el solicitante tenga que aportar datos sobre esos otros servicios o actividades frente a los que a la postre no va a ir dirigido el procedimiento;...”.
Por lo tanto, el CGPJ deja caer, como quien no quiere la cosa, dos ideas demoledoras y que, de seguirse su criterio, dejarían a la Ley Sinde en nada y, por lo tanto, todos los recursos materiales y de imagen invertidos en su desarrollo, en inútilmente sacrificados. Dice el CGPJ que las páginas de enlaces no infringen derechos de propiedad intelectual según la mayoría de la doctrina y que contra este tipo de servicios no iría dirigido el procedimiento. La manifestación no es cualquier cosa y supone un jarro de agua fría para el Ministerio de Cultura y la propia Sra. Sinde porque no hay que olvidar que es precisamente para esas páginas de enlaces para las que se ha creado todo ese procedimiento.
Por supuesto que la comisión administrativa que se encargará de los cierres puede hacer caso omiso a este párrafo y aceptar procedimientos dirigidos contra páginas de enlaces y dictar resoluciones contrarias a ese criterio mayoritario que el propio CGPJ les advierte que existe pero, en ese caso, ¿cuánto tardarán las páginas afectadas en querellarse contra los firmantes de esa resolución por la existencia de un presunto delito de prevaricación?
David Bravo en San Sebastián
Nuestro abogado favorito, David Bravo, se pasó la semana pasada por el Festival de San Sebastián a dar una charla frente a varios representantes de la industria cinematográfica española. Para los que no lo conozcan, David Bravo es un especialista en propiedad intelectual y derecho informático. Su celebridad se debe a la defensa del libre intercambio de archivos al que llaman "piratería" y a su crítica de la "Ley Sinde".
Además de facilitar una gran explicación de cómo surgió el movimiento en contra del intercambio P2P, David Bravo deja bien claro por qué la Ley Sinde vulnera derechos básicos.
El problema de la industria era que los usuarios sí que copian pero no tienen ánimo de lucro y las páginas de enlaces tienen ánimo de lucro no pero no copian. ¿Qué hizo el gobierno ante esta realidad? Presentaron La Ley Sinde, que no cambia las normas del juego sino que cambia al arbitro, dejando de lado a los jueces y dando el poder de decisión a una comisión designada por el Ministro de Cultura. Nada irregular por aquí.
Como guinda del pastel, Bravo acabó demostrando con un experimento que, a pesar de ser tan molesta, la Ley Sinde es completamente inútil. Durante la misma conferencia, pidió en Twitter que la gente colaborara añadiendo enlaces de películas a una hoja de cálculo pública en Google Docs. En unos minutos había cientos de enlaces y 20 hojas de cálculo distintas.
El atractivo de la Ley Sinde reside en que ofrece «un procedimiento administrativo ultra-rápido de apenas un mes». Pero un mes es mucho tiempo en la red. No; unos minutos son mucho tiempo en la red. Cerrar las páginas de enlaces es una de las empresas más inútiles en las que uno puede enredarse: como dice David Bravo, es como eliminar el índice de una enciclopedia; sólo es un bache para los usuarios, no frena el flujo de información.
Además de facilitar una gran explicación de cómo surgió el movimiento en contra del intercambio P2P, David Bravo deja bien claro por qué la Ley Sinde vulnera derechos básicos.
El problema de la industria era que los usuarios sí que copian pero no tienen ánimo de lucro y las páginas de enlaces tienen ánimo de lucro no pero no copian. ¿Qué hizo el gobierno ante esta realidad? Presentaron La Ley Sinde, que no cambia las normas del juego sino que cambia al arbitro, dejando de lado a los jueces y dando el poder de decisión a una comisión designada por el Ministro de Cultura. Nada irregular por aquí.
Como guinda del pastel, Bravo acabó demostrando con un experimento que, a pesar de ser tan molesta, la Ley Sinde es completamente inútil. Durante la misma conferencia, pidió en Twitter que la gente colaborara añadiendo enlaces de películas a una hoja de cálculo pública en Google Docs. En unos minutos había cientos de enlaces y 20 hojas de cálculo distintas.
El atractivo de la Ley Sinde reside en que ofrece «un procedimiento administrativo ultra-rápido de apenas un mes». Pero un mes es mucho tiempo en la red. No; unos minutos son mucho tiempo en la red. Cerrar las páginas de enlaces es una de las empresas más inútiles en las que uno puede enredarse: como dice David Bravo, es como eliminar el índice de una enciclopedia; sólo es un bache para los usuarios, no frena el flujo de información.
La Audiencia de Barcelona se opone a la Ley Sinde
La Audiencia Provincial de Barcelona ha cambiado su criterio, considerando ahora que los enlaces a "descarga directa" no son infractores. Por tanto, se opone a la infame "Ley Sinde". Hoy 13 de julio de 2011, el abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo nos informa:
El pasado 3 de marzo, la web elrincondejesus.com fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona al pago de 3.587 euros a SGAE al considerar que los enlaces a archivos alojados en páginas de descarga directa constituían una infracción de los derechos gestionados por esa entidad. Decía la sentencia respecto de los enlaces a servicios como megaupload o rapidshare que "el demandado, al permitir desde su página web la descarga directa, lleva a cabo una puesta a disposición del público, y en concreto del que visita la página web y solicita la descarga, de las obras afectadas... En la medida en que ambas operaciones se realizan desde la página web del demandado, puede concluirse que es éste quien lleva a cabo la puesta a disposición del público de las obras, al margen de si ha sido él u otro quien las haya colgado en la red".Aunque desde su entrada en vigor el 9 de marzo de 2011 la imagen de la "Ley Sinde" haya ido empeorando sin cesar tal y como se merece, esta es la primera vez que un cuerpo oficial sentencia en contra de la regulación de las descargas dictada por la Disposición Final 43ª de la Ley de Economía Sostenible. En otras palabras, es un gran día en la lucha por un Internet libre y el derecho a la información.
Apenas cuatro meses después, la misma sección de esa Audiencia Provincial, formada por los mismos magistrados que firmaron la sentencia que condenaba a la web elrincondejesus.com, ha cambiado su criterio y desestima la demanda de SGAE contra la página de enlaces indice-web.com, cuyo funcionamiento era idéntico en todos sus aspectos al de la entonces condenada, considerando ahora que un enlace, con independencia de que sea a redes P2P o a servicios de descarga directa como megaupload o rapidshare, no supone en ningún caso una infracción de derechos de propiedad intelectual. En este sentido la sentencia (la ponemos a disposición en PDF) manifiesta que:
"Concretamente, el recurso no cuestiona que en el sitio del demandado no se alojan los archivos que son objeto de las llamadas "descargas directas". La dinámica en estos enlaces del sitio indice-web.com del demandado sería la de que, al pulsarlos, el usuario accedería a la página del servidor de gran capacidad (megaupload u otro) y, una vez allí, pulsando de nuevo, iniciaría la descarga del contenido interesado (...) Por tanto, la descarga del archivo se produce desde un sitio web diferente del sitio del demandado y el usuario puede advertirlo. Pese a su denominación, no se trata de descargas directas desde el sitio del enlace, sino que éste redirecciona -como se dice en la demanda- a otro distinto".
Con este cambio de criterio, la resolución citada se convierte en la primera sentencia firme en vía civil dictada en nuestro país que declara que las páginas de enlaces a redes P2P o a webs de descarga directa no infringen derecho alguno de propiedad intelectual. Teniendo en cuenta que éste es el criterio jurídico de los tribunales civiles especializados en interpretar nuestras leyes de propiedad intelectual, coincidente además con el de los juzgados de instrucción en numerosos casos idénticos seguidos en vía penal, nos preguntamos cómo podrán los funcionarios integrados en la comisión que constituye la Ley Sinde dictar resoluciones de cierra de webs que claramente no infringen derechos de propiedad intelectual sin que se entienda que están cometiendo un delito de prevaricación.
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Discurso de Álex de la Iglesia en los Goya 2011
Después de una larga temporada sin publicar nada por temas personales, me gustaría retornar ofreciendo una oda a la libertad intelectual: el discurso de un hombre que ha sabido decir "¡No!" al poder en favor de una cultura de todos y para todos.
Sé que Luka ha estado manteniéndoos al corriente de la Ley Sinde y de lo que llaman piratería, aunque quizá se haya eclipsado un tanto por los acontecimientos de gran importancia acaecidos en el Norte de África, narrados casi al día por mi compañero.
Sin mas preámbulos, Álex de la Iglesia en su gran discurso en los Goya:
Recordaros que Álex de la Iglesia ha dimitido de su cargo como presidente de la Academia de Cine Español a modo de protesta por el pacto de PSOE, PP y CiU para llevar a término la Ley Sinde.
Sé que Luka ha estado manteniéndoos al corriente de la Ley Sinde y de lo que llaman piratería, aunque quizá se haya eclipsado un tanto por los acontecimientos de gran importancia acaecidos en el Norte de África, narrados casi al día por mi compañero.
Sin mas preámbulos, Álex de la Iglesia en su gran discurso en los Goya:
Recordaros que Álex de la Iglesia ha dimitido de su cargo como presidente de la Academia de Cine Español a modo de protesta por el pacto de PSOE, PP y CiU para llevar a término la Ley Sinde.
Sinde, pedimos tu dimisión
Ha aparecido por la red una de esas peticiones que poco suelen hacer en principio pero dejan bien clara la opinión de los votantes, lo cual sí que puede tener repercusiones. Debido al fiasco que es la Ley Sinde para la gran mayoría, pedimos la dimisión de la ministra Sinde.
Como parte del pueblo que se ha manifestado mayoritariamente contrario a la Ley Sinde, pedimos la dimisión de la ministra por no defender los intereses de nosotros, los ciudadanos.Al firmar la petición, se enviará un correo con este texto a la ministra González Sinde. Cada petición supone una copia digital enviada con nuestro nombre añadido al texto. Ya se han enviado casi 15.000; si bien es dudoso que la petición contribuya, especialmente cuando la Ley Sinde ya está entre nosotros, es importante porque envía un mensaje muy claro.
Pido la dimisión de la ministra González Sinde por aprobar una Ley de espaldas al pueblo al que dice representar.
El pueblo se ha manifestado en contra de esa ley, y, por lo tanto, como parte del pueblo he dejado de depositar mi confianza en la ministra. Además quisiera recordar al gobierno que no somos números en bancos, no somos monedas y billetes de euro. Somos personas, ciudadanos criminalizados, cuya libertad ha sido agredida por susodicha ministra.
Como parte del pueblo que se ha manifestado mayoritariamente contrario a la Ley Sinde, pido la dimisión de la ministra por no defender los intereses de los ciudadanos, en pro de la democracia que los ciudadanos deseamos.
La Ley Sinde vuelve y se aprueba
La Ley Sinde ha sido aprobada tras una renegociación con el PP y CiU, y un cambio en el texto que si bien pretende darle una autoridad judicial al asunto, en realidad no cambia la situación de una comisión privada formada por individuos con intereses privados en la industria. Los lobbys industriales ya no son sólo grupos de presión; ahora forman parte del gobierno. Noticia de "No al cierre de webs":
El gran problema con todo esto es mayor que los derechos digitales. Soy el primero en desconfiar del proceso democrático tal y como se propone hoy día. No tengo una gran confianza en los jueces. Pero si bien el sistema judicial es corruptible, con esto se están dando poderes directos a aquellos a los que la mayoría solemos reconocer como la fuente de la corrupción política; en otras palabras, ya no es un poder corruptible, es la corrupción en sí misma en el poder.
El Gobierno y sus socios asestan un golpe definitivo a la libertad en Internet. El PSOE ha conseguido el apoyo necesario para sacar adelante la Ley Sinde en el Senado. De nada han servido las protestas de los ciudadanos ni las movilizaciones en redes sociales o incluso en la calle. Las páginas de enlaces están condenadas al bloqueo.
Ya es una realidad y parece irrevocable. La Ley Sinde ha recibido el apoyo de sus precursores (el Partido Socialista) y de de sus principales socios, el partido nacionalista catalán Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP).
Hasta el último minuto no fueron derribadas las esperanzas de miles de internautas, ignorados por la clase política española. Gracias a los votos de PSOE, PP y CiU, la Ley de Economía Sostenible ha sido aprobada, lo que supone la entrada en vigor de la censura en la Red ya que se cerrarán páginas web de enlaces con una mínima participación de la figura judicial.
El Juez seguirá sin entrar en el fondo del asunto. El nuevo texto aprobado introduce mayores "garantías judiciales" según fuentes del ejecutivo. El único cambio introducido es que para el cierre de una página web se requerirá una "autorización judicial previa" para que la Comisión dependiente del Ministerio de Cultura requiera la identificación del dueño de la página web que está infringiendo los derechos de los autores. En opinión de los expertos, el nuevo texto no aporta ninguna garantía judicial con respecto al anteproyecto de ley.
Según el Gobierno, el juez intervieve desde el primer momento del proceso, cuando la comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad. Sin embargo, en opinión de los expertos, será la comisión dependiente de Cultura quién decida las páginas que vulneran o no los derechos de propiedad intelectual.
Además, el pacto entre los grupos políticos incluye un compromiso por parte del Gobierno de reformar en el plazo de tres meses el canon digital.
Cierres a partir del verano. Los primeros cierres de páginas web se producirían, según afirmó la ministra González-Sinde, en abril de 2011, aunque parece una fecha un tanto prematura, dado que es probable que para entonces sólo se haya constituido la Comisión. Otras fuentes apuntan a agosto del próximo año como fecha de inicio en el proceso de caza y captura de las webs con enlaces.
Reacciones en Twitter. La Red social está que arde, todos los internautas, bloqueros, empresarios, e incluso personas de la industria del cine como Alex de la Iglesia han mostrado su desacuerdo con la ley.
Ley Sinde rechazada
Hará literalmente unos segundos ha terminado la votación de las tres enmiendas (20, 237 y 458) que afectarían negativamente a la apodada 'Ley Sinde' dentro de la Ley de Economía Sostenible, y de la disposición final segunda en sí que aprobaría la ley. Como he leído en un mensaje por la red, "la votación ha sido mas interesante que el final de Perdidos; se nota que los guionistas son americanos".
Primero, se ha rechazado la enmienda 20 de Barkos, de Grupo Mixto, por 35 votos en contra y 3 a favor. Esta enmienda pedía la supresión de la Disposición Segunda, es decir, de la "Ley Sinde"; un voto masivo en contra de la protesta. Se rechazan también las enmiendas 237 y 458, de ERC, IU y IPCV, que pretendían el mismo efecto que la 20.
En cambio, al votar a favor de la disposición final segunda en sí por separado, que contiene la ley antidescargas, se ha votado en contra; 20 votos en contra y 18 a favor.
Señores, la Ley Sinde ha sido rechazada en el Congreso. Ahora irá al Senado, donde se volverá a poder modificar el texto; en otras palabras, la ley podría tomar otra forma antes de quedar finalmente descartada, pero no saldrá en su forma actual.
Primero, se ha rechazado la enmienda 20 de Barkos, de Grupo Mixto, por 35 votos en contra y 3 a favor. Esta enmienda pedía la supresión de la Disposición Segunda, es decir, de la "Ley Sinde"; un voto masivo en contra de la protesta. Se rechazan también las enmiendas 237 y 458, de ERC, IU y IPCV, que pretendían el mismo efecto que la 20.
En cambio, al votar a favor de la disposición final segunda en sí por separado, que contiene la ley antidescargas, se ha votado en contra; 20 votos en contra y 18 a favor.
Señores, la Ley Sinde ha sido rechazada en el Congreso. Ahora irá al Senado, donde se volverá a poder modificar el texto; en otras palabras, la ley podría tomar otra forma antes de quedar finalmente descartada, pero no saldrá en su forma actual.
La coalición de creadores quiere perseguir a los usuarios
Mientras se vota la LES en la que se incluye la "Ley Sinde", la coalición de creadores ha afirmado que recurrirá a la Unión Europea para tomar medidas más fuertes si la ésta ley no se aprueba, incluyendo una persecución de los usuarios y no sólo de las páginas webs que ellos consideran ilegales. Leamos:
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Culturales anunció hoy que si no sale adelante o resulta descafeinada la "ley Sinde", defenderá ante la Unión Europea "una posición más dura", y pedirá que se persiga a los usuarios que hagan descargas ilegales, y no sólo a las webs que facilitan esa actividad ilícita.
Lo dijo en rueda de prensa el presidente de la coalición, Aldo Olcese, en vísperas de que la Comisión de Economía del Congreso vote mañana, martes, la disposición final contra las descargas ilegales prevista en la Ley de Economía Sostenible.
La coalición confía en que "el sentido común se imponga" en los grupos parlamentarios y que estos hagan oídos sordos a las asociaciones que defienden las descargas ilegales escudándose en "algo que no tiene nada que ver" como la defensa de la libertad de expresión.
Según Olcese, la ley antipiratería promovida por el Gobierno es "absolutamente de mínimos", pero contribuiría de forma "significativa" a proteger la propiedad intelectual en España.
En un escrito presentado esta tarde, la coalición lanza la siguiente advertencia: "En caso de que, finalmente, el texto no sea aprobado o sufra cambios que modifiquen sustancialmente su naturaleza, los creadores no tendríamos más opción que proponer ante las correspondientes instancias de la Unión Europea el modelo para acabar con la piratería en Internet establecido en otros países, como Francia y Reino Unido, y que incorpora a los usuarios como objetivos de la acción legal, además de las páginas web".
Olcese dijo que confían en que este endurecimiento en la postura de su coalición no llegue a producirse. "Llamamos al sentido común de los parlamentarios", insistió el presidente de la Coalición, que dijo no tener constancia de un cambio de última hora en la disposición tras las conversaciones mantenidas por PSOE y CiU para suavizar el proyecto de ley.
La Ley Sinde se aplaza
La Ley de Economía Sostenible, en la que se incluye la apodada 'Ley Sinde' que permitiría la censura en la red a través del cierre de páginas web con contenido protegido por copyright, se ha retrasado ya varias veces. La votación se ha aplazado primero hasta pasado el mediodía y por última vez hasta últimas horas del día. Quién sabe, quizás la voz del pueblo se escuche, entre las protestas, ataques a las páginas web y demás. En un análisis del día de hoy hasta pasado el mediodía se han tratado varios puntos:
- Javier de la Cueva, abogado especialista en Internet, afirma que "los sucesivos retrasos que se están dando a la votación demuestran algo muy evidente, y es que se está estafando a la ciudadanía porque se está tramitando por un procedimiento abreviado, de competencia legislativa plena, que está reservado para normas en las que no hay que discutir, de trámite".
- El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre explicaba en rueda de prensas los motivos por los que su grupo no apoyará la ley antidescargas. Según Llibre no ha sido posible "alcanzar un pacto global" en torno a la LES. Afirma que no habrá marcha atrás en el sentido de la votación.
- "La Ley Sinde se cae del Congreso, va a ser rechazada". Así da la noticia la periodista de TVE Mamen del Cerro desde el Congreso tras contar que CiU ha dedidido definativamente votar en contra de la disposición.
- El PNV, socio presupuestario del Gobierno, va a pedir una votación separada sobre esa disposición y asegura que se pronunciarán "negativamente" ante esta disposición "por motivos de forma y de fondo". CiU ha comunicado su predisposición a votar en contra y Coalición Canaria, todavía sigue siendo duda, aunque también ha pedido que la disposición se vote por separado.
- Sin los nacionalistas catalanes, y habida cuenta del rechazo del PP, PNV y ERC-IU-ICV, la llamada 'Ley Sinde' podría ser rechazada por la Comisión de Economía del Congreso.
Wikileaks, la Ley Sinde y el Estado de Alarma
El vídeo tiene varios días de retraso pero de todas formas resume perfectamente la situación hasta hace poco, y es muy apropiado dejar constancia de ello con la reciente reafirmación de la Ley Sinde:
Gracias a Danny por el vídeo.
Gracias a Danny por el vídeo.
No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.
Un mensaje importante de No al cierre de webs:
¿Puede ocurrir? Supongo que puede ocurrir. En cambio, apuesto a que todos los que entraban en SeriesYonkis se escandalizarán un par de semanas y luego se acostumbrarán, porque esa es nuestra inteligencia y memoria sociales hoy día. En Inglaterra, Grecia, Francia e Italia los trabajadores y los estudiantes han protestado incluso llegando a la violencia para defenderse de manipulaciones políticas, pero no aquí.
No. Aquí nos reímos de los controladores, permanecemos impasibles ante dos años de extensión del trabajo antes de la jubilación y pronto nos olvidaremos de que Internet no era como la televisión, nos olvidaremos de que era un medio libre.
Discúlpanos si no es esta página lo que querías leer este domingo. Seguramente vienes de otra página de Internet donde esperabas encontrar algo muy distinto. Si así lo deseas, puedes dejar de leer ahora mismo, pero nos gustaría explicarte por qué hoy han cerrado algunas webs. Si el próximo martes 21 de diciembre algunos políticos deciden aprobar la Ley Sinde, la Internet en español que hemos conocido cambiará para siempre, y miles de páginas podrán ser cerradas desde el poder.Ha llegado la hora de la verdad. La Ley Sinde llega por fin y el español medio permanece impasible ante dicho ataque a sus derechos. Al fin y al cabo, somos idiotas. ¿Soy pesimista? No, creo que soy realista. No creo que podamos esperar que el pueblo se levante contra el último insulto de un gobierno que debería mirar más por el pueblo y menos por las grandes corporaciones, y que como resultado se revoque una ley que viene de lo más alto; de Estados Unidos, ni más ni menos.
A lo largo del último año, en esta página se ha publicado mucha información sobre la Ley Sinde, un proyecto de censura de Internet escondido dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible. Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.
La Ley Sinde no nace de la voluntad del pueblo español, sino que es una imposición extranjera. La embajada de Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para aprobarla, pisoteando nuestra soberanía nacional. Quieren una Internet sumisa y controlable, que sea útil para convencer a la población, como los restantes medios de comunicación controlados desde el poder. No quieren que la gente comparta información, no quieren que sepamos quién mueve realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una red esclava desde la que vendernos su visión del mundo.
Hubo una vez un hombre que creyó en la paz y en la libertad, y que murió asesinado. Se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi, y se enfrentó a un imperio con una primitiva herramienta: su rueca de hilar. Pronunció estas palabras: "Si trescientos millones de personas hilaran una vez por día, no porque un Hitler se lo ordenara, sino porque se inspiraran en el mismo ideal, tendríamos una unidad de propósitos suficiente para alcanzar la independencia".
Mucho más de trescientos millones de personas están tejiendo cada día esta inmensa red de intercambio de conocimiento que se llama Internet. Millones y millones de personas compartimos información a través de redes abiertas. Hemos creado una cultura y tenemos un objetivo común y universal. Todo eso puede cambiar a partir del próximo martes. La Ley Sinde es una tijera que permite cortar los hilos que mantienen viva Internet, una red que debe seguir siendo libre y neutral, como instrumento de progreso, paz y libertad.
Ayúdanos a seguir tejiendo. Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Y discúlpanos por haberte estropeado este domingo, pero lo hacemos para que puedas disfrutar en libertad del resto de tus domingos. Muchas gracias.
¿Puede ocurrir? Supongo que puede ocurrir. En cambio, apuesto a que todos los que entraban en SeriesYonkis se escandalizarán un par de semanas y luego se acostumbrarán, porque esa es nuestra inteligencia y memoria sociales hoy día. En Inglaterra, Grecia, Francia e Italia los trabajadores y los estudiantes han protestado incluso llegando a la violencia para defenderse de manipulaciones políticas, pero no aquí.
No. Aquí nos reímos de los controladores, permanecemos impasibles ante dos años de extensión del trabajo antes de la jubilación y pronto nos olvidaremos de que Internet no era como la televisión, nos olvidaremos de que era un medio libre.
Una norma del siglo XIII, la vacuna contra la Ley Sinde
Del blog personal de David Bravo nos llega un argumento aparentemente paradójico: la mejor forma de evitar el cierre censurador de páginas web que la Ley Sinde busca podría consistir en llevarlas a juicio ya. ¿Interesados? Leed entonces:
Con el panorama que dibuja la Ley Sinde se da la curiosa circunstancia de que las únicas páginas que podrán razonablemente considerarse inmunes a sus efectos son las webs que ya han sido llevadas a los tribunales y que han obtenido resoluciones que han declarado que no infringen derechos de propiedad intelectual. Así las cosas, la diana se pinta sobre aquellos administradores de páginas de enlaces que cumplan el requisito de no tener un procedimiento judicial pendiente o, con mayor razón, que éste no haya concluido con una resolución que les haya sido favorable.Muy pero que muy interesante. Os pido a todos que hagáis lo que podáis para dar a conocer esta posibilidad, ya que no sólo implicaría un suspiro de alivio para las páginas web de descargas, sino que podría suponer el fracaso supremo de la Ley Sinde, el primer gran paso del gobierno español en pos de la censura de Internet.
Curiosamente para que las webs de enlaces puedan evitar a la comisión administrativa que se encargará de los cierres necesitarían que las acciones legales que anuncia la industria se interpongan antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde y, por lo tanto, en los juzgados ordinarios. De este modo, si se constituyera la comisión teniendo esas webs pendientes el procedimiento judicial iniciado por la industria, no podría promoverse otro paralelo para resolver idéntica cuestión por parte de ese órgano administrativo. Además, si la sentencia que recayera en ese procedimiento fuera favorable a la web de enlaces -como es de esperar por los muchos casos idénticos ya resueltos- los demandantes no podrían volver a plantear esa misma cuestión en el futuro ante la comisión administrativa ni, en general, ante ningún órgano judicial por el llamado efecto de cosa juzgada.
La industria ha decidido suspender su batería de denuncias y demandas, consciente de que, hasta la fecha, esas acciones judiciales contra conocidas webs de enlaces han dado como fruto resoluciones que sólo han servido para inocularles una vacuna que las ha inmunizado frente a la futura comisión administrativa. Ante esta situación, la industria ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que retomarán sus acciones cuando entre en vigor la Ley Sinde para poder dirigir sus pretensiones ante el futuro órgano administrativo del que esperan obtener resoluciones hechas a medida. La suspensión de los ataques legales por parte de una industria que espera impaciente a una Ley en el octavo mes de embarazo, propicia una tregua temporal. Durante este tiempo, por un lado, aprovechan para presumir de poder atacar legalmente a las páginas de enlaces por considerarlas infractoras de sus derechos, pero, por el otro, descartan toda opción de ejercer hoy esos supuestos derechos por ser conscientes de que los jueces no están opinando lo mismo.
Me consta que, ante esta situación, no pocas páginas de enlaces con cierto volumen de tráfico cruzan los dedos para que esas mismas industrias que aseguran en la prensa tener derechos que se están viendo vulnerados interpongan las correspondientes demandas antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde. Es decir, algunas páginas de enlaces comienzan a envidiar la situación de aquéllas que en su día sufrieron acciones judiciales pero que ahora han salido reforzadas con una resolución que las hace inatacables ante una comisión con la que probablemente no habrían tenido la misma suerte. “No te jactes tanto de poder demandarme y hazme el favor de hacerlo de una vez antes de que nazca el órgano concebido para darte la razón”, murmuran los que intuyen que el procedimiento ante la comisión no pasará de mero simulacro.
Puede que la satisfacción del deseo de esas webs se encuentre en una norma de hace casi 800 años. Concretamente en la ley 46, título II, partida tercera de la ley de Partidas de Alfonso X el Sabio, que regula la llamada “acción de jactancia”, declarada todavía vigente por el Tribunal Supremo en sentencia de 1988.
La “acción de jactancia” es precisamente aquella que puede interponerse contra aquél que presume de tener un derecho contra ti pero que, paradójicamente, no promueve ninguna acción legal para reivindicarlo. De este modo, esta vía sirve para obligar a quien dice poder reclamarte un determinado derecho a que lo ejerza de una vez o a que, en caso contrario, calle para siempre. La sentencia con la que terminaría ese procedimiento aclararía si realmente quien presumía de ostentarlo tiene o no tal derecho y, en caso contrario, se le impediría que volviera a plantear judicial o extrajudicialmente esa misma cuestión. Como dijimos, esta acción está refrendada por el Tribunal Supremo en sentencia de 1988 donde manifestó que "la jurisprudencia de esta sala tiene declarada la vigencia de la tan meritada ley 46 a los efectos que le son propios, que el que se jacta de un derecho lo ejercite en el término que se le fije y que de no hacerlo se le impone perpetuo silencio”.
Conocer esa acción y su vigencia, nos permite plantearnos preguntas muy interesantes. ¿Qué sucedería si las páginas de enlaces interpusieran la acción de jactancia contra la industria de los contenidos antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde? Los procedimientos judiciales iniciados por la acción de jactancia se sustanciarían en tribunales ordinarios y, para cuando entrara en vigor la Ley Sinde, las webs de enlaces que tuvieran pendientes estos procedimientos provocados por ellas mismas no podrían ser denunciadas ante la comisión administrativa al tener prioridad el tribunal que empezó a conocer antes del asunto. De esta manera, con la acción de jactancia, se estaría obligando a la industria de los contenidos a que los cierres de páginas de enlaces se planteen forzosamente ante los jueces ordinarios, esto es, a que el debate jurídico se sostenga ante los mismos jueces que con la Ley Sinde pretenden sortear. Si, como cabría esperar razonablemente, la decisión judicial continúa la senda trazada por las múltiples resoluciones anteriores y declara que efectivamente no existe la tan cacareada vulneración de derechos de propiedad intelectual, esa sentencia declarativa crearía efecto de cosa juzgada e impediría que la industria volviera a plantear esa misma cuestión ante cualquier órgano, incluido el administrativo que nacería con la Ley Sinde.
Lanzo esta posibilidad al aire, no con objeto de fingirse milagrosa ni exenta de obstáculos prácticos o jurídicos, sino para que entre todos los compañeros la mejoremos, le demos forma y, si la consideramos con visos de prosperar, actuemos en consecuencia liberando un modelo de procedimiento que pueda utilizarse por cualquier ciudadano. Estando en los inicios de su estudio, no puede descartarse a estas alturas que esta vía pueda revelarse con el tiempo como simple vaporware, pero la posibilidad de que no lo sea y de que, por lo tanto, sirva para neutralizar completamente los efectos de la Ley Sinde, bien merece detenerse un momento para analizarla.
La Coalición de Creadores aclara la Ley Sinde
Hacía tiempo que no nos poníamos al día en el conflicto del cierre de webs, aunque espero que visitéis la página que tenemos ahí abajo enlazada, a la vista de todos. El 18 de octubre David Bravo escribió un nuevo artículo en esa misma página y me gustaría hacerle referencia:
Lo peor es que si llega a ocurrir nos acostumbraremos. No seáis ingenuos: ¿de verdad creéis que habrá manifestaciones (no digamos ya disturbios) si este sinsentido se lleva a la práctica? No, por supuesto que no, a menos de que lo hagan de muy mala manera. Y no son tan estúpidos. Cómo es que digo que nos acostumbraremos, os preguntaréis. Parece imposible, ¿verdad? ¡La gente notará la restricción de sus libertades digitales, la censura en la red! No, me temo que no y es por la misma razón que nadie piensa siquiera ya en el potencial que tuvo la televisión en su momento como un medio de comunicación abierto no sólo para todos sino también por todos: si se establece este principio de censura y centralización de la red, acabaremos viendo a Internet de la misma forma, como un medio masivo de comunicación más.
Oh, seguiremos teniendo nuestros foros de ocio y demás; siempre será más interactivo que la televisión y por eso su engaño no durará para siempre: a largo plazo, la tendencia de la sociedad parece ser la de superar la censura, el autoritarismo y la tradición. Pero mientras tanto, acostumbraos -ya está ocurriendo- a no encontrar fácilmente lo que hasta hace sólo unos meses considerabais información libre.
Aun así, tened esperanza. He marcado en negrita una línea del texto porque es la esencia del autoengaño que parecen ejercerse el gobierno y las entidades privadas: confunden el índice de la enciclopedia con la enciclopedia, ignoran que Internet es en esencia libre y que por mucho que censuren y por muy difícil que nos hagan la vida a los denominados 'piratas' siempre acabaremos encontrando formas de bordear sus tejemanejes y salirnos con la nuestra.
Como he afirmado ya antes, los humanos somos seres sociales y por tanto tendemos a superar la censura y otras formas de autoritarismo, e Internet representa esa idea. Puede que nos censuren pero siempre resurgirán nuevas formas; le saldrán más cabezas a la hidra. Para matarla por completo tendrán que cortar por lo sano. Y entonces la gente sí que despertará.
La que se ha venido en llamar Ley Sinde es una de las mayores burlas a nuestro sistema de Derecho. La industria, que viene chocándose contra las resoluciones judiciales favorables a las páginas de enlaces día sí día también, ha encontrado un atajo para combatirlas: obviar a los tribunales. La expresidenta de la academia de cine, cuya industria ha perdido juicio tras juicio contra este tipo de webs, cumple los deseos de su gremio y hace desaparecer a los jueces con un chasquido de dedos.Seamos realistas: David Bravo y todos los que estamos a favor de la neutralidad en la red y en contra de su censura seguramente perderemos. La Ley Sinde se retrasó, sí. Quién sabe, puede que la censura llegue muy diluida a causa del conflicto. Pero tarde o temprano llegará lo prometido y no parece que tengamos los suficientes recursos civiles para evitarlo.
Mientras los tribunales siguen dejando claro que las páginas de enlaces no infringen derechos de propiedad intelectual, la Ley Sinde continúa su paseo triunfal hasta su aprobación. Los editoriales de El Mundo y El País, con Google y similares como objeto de su obsesión particular, aplauden la iniciativa y piden que no se escuche a los "piratas del todo gratis". Los políticos, por su parte, acarician el lomo de su criatura mientras fingen que no saben que los tribunales declaran no infractoras las mismas páginas que ellos quieren cerrar por la puerta de atrás. Por último, los abogados de la industria se frotan las manos y justifican la sustitución de tribunales por órganos administrativos sugiriendo que perdían los casos por culpa de la impericia de los jueces. Es que "se estaba aplicando mal el Código Penal" dijo una abogada en una entrevista sin perder la sonrisa.
Dejándolo por escrito sin ningún pudor ni temor, SGAE llega a sostener en sus recursos contra las sentencias favorables a las páginas de enlaces que el Gobierno ha tenido que reaccionar con la Ley Sinde para conseguir cerrarlas. Es decir, SGAE viene a defender con ese argumento que se aprobará una ley que trasladará las competencias de decisión de los jueces a la administración para conseguir cerrar páginas idénticas a la que ha sido absuelta por la sentencia que ella misma está recurriendo.
La razón de todo este disparate es, como casi siempre, económica. La industria del cine y de la música, que quiere lanzar sus webs de pago, tiene una enorme competencia en las redes P2P y las páginas que indexan su contenido. Tras el fracaso en su guerra contra las primeras, luchó judicialmente contra las segundas con el mismo resultado. Así las cosas, la comisión administrativa que el Ministerio de Cultura fabrica para la ocasión es vista por la industria como el barrendero que eliminará, sí o sí, toda esta molesta competencia. "Las webs de pago, hoy destinadas al fracaso, serán exitosas sin las páginas de enlaces", creen ingenuamente quienes confunden el índice de la enciclopedia con la enciclopedia.
Por si quedaba alguna duda de la motivación, Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores, ha dicho que ya tienen preparados cientos de acuerdos para empezar a comercializar sus productos en la red. ¿En qué fecha? "Al día siguiente de que se apruebe la Ley de Economía Sostenible". Por supuesto.
El Ministerio de Cultura, fiel representante de la industria, recorrerá su camino en línea recta y sin ningún rodeo. En el viaje, pisoteará nuestro sistema de Derecho. Únicamente lo veremos mirar a los lados para pararse un momento y lamentarse porque han vulnerado su derecho a la libertad de expresión con un ataque DDoS. Y así, golpeándose el pecho por sus derechos fundamentales, aprobará una ley nacida para aplastarlos.
Lo peor es que si llega a ocurrir nos acostumbraremos. No seáis ingenuos: ¿de verdad creéis que habrá manifestaciones (no digamos ya disturbios) si este sinsentido se lleva a la práctica? No, por supuesto que no, a menos de que lo hagan de muy mala manera. Y no son tan estúpidos. Cómo es que digo que nos acostumbraremos, os preguntaréis. Parece imposible, ¿verdad? ¡La gente notará la restricción de sus libertades digitales, la censura en la red! No, me temo que no y es por la misma razón que nadie piensa siquiera ya en el potencial que tuvo la televisión en su momento como un medio de comunicación abierto no sólo para todos sino también por todos: si se establece este principio de censura y centralización de la red, acabaremos viendo a Internet de la misma forma, como un medio masivo de comunicación más.
Oh, seguiremos teniendo nuestros foros de ocio y demás; siempre será más interactivo que la televisión y por eso su engaño no durará para siempre: a largo plazo, la tendencia de la sociedad parece ser la de superar la censura, el autoritarismo y la tradición. Pero mientras tanto, acostumbraos -ya está ocurriendo- a no encontrar fácilmente lo que hasta hace sólo unos meses considerabais información libre.
Aun así, tened esperanza. He marcado en negrita una línea del texto porque es la esencia del autoengaño que parecen ejercerse el gobierno y las entidades privadas: confunden el índice de la enciclopedia con la enciclopedia, ignoran que Internet es en esencia libre y que por mucho que censuren y por muy difícil que nos hagan la vida a los denominados 'piratas' siempre acabaremos encontrando formas de bordear sus tejemanejes y salirnos con la nuestra.
Como he afirmado ya antes, los humanos somos seres sociales y por tanto tendemos a superar la censura y otras formas de autoritarismo, e Internet representa esa idea. Puede que nos censuren pero siempre resurgirán nuevas formas; le saldrán más cabezas a la hidra. Para matarla por completo tendrán que cortar por lo sano. Y entonces la gente sí que despertará.
Obama contra la piratería & ID's en la red
A lo largo de las últimas décadas, y particularmente a partir de cierto 11 de septiembre, los Estados Unidos han ido adquiriendo la fama de crear leyes de censura totalmente desproporcionadas en relación al peligro real. Igualmente, se están luciendo últimamente con sus leyes de censura en la red, como ya comentamos muy recientemente.
La administración del Sr. "Yes We Can" anunció que tomaría medidas enérgicas contra la piratería. Nada que nuestro representante de turno en el mundo no haya dicho también, pero viniendo de los "contundentes" creadores de aberraciones contra la libertad de expresión como las que ya hemos mencionado, probablemente debamos tomarnos esto más en serio, ya que tendrá mayores consecuencias:
Si os interesa mi opinión en cuanto a lo que ha presentado el gobierno estadounidense estas últimas semanas, se puede resumir en una sola palabra: miedo. Ya no se trata de oscuras referencias de gente poderosa que pretende implantar tal o cual en décadas próximas, lo cual puede achacarse (en ocasiones justamente) a chorradas conspiranoicas; se trata de una ley pronto vigente en el país más poderoso del mundo, y con la tendencia de seguirles los pasos que tenemos, me temo que no tardaremos en estar en la misma situación.
La administración del Sr. "Yes We Can" anunció que tomaría medidas enérgicas contra la piratería. Nada que nuestro representante de turno en el mundo no haya dicho también, pero viniendo de los "contundentes" creadores de aberraciones contra la libertad de expresión como las que ya hemos mencionado, probablemente debamos tomarnos esto más en serio, ya que tendrá mayores consecuencias:
Según la administración de Obama, la RIAA y la MPAA, la economía mundial está condenada al fracaso si no empezamos a perseguir a piratas estadounidenses y extranjeros. Sin una medida enérgica como esta, los negocios caerán en bancarrota, según la coalición. Biden afirma que "la piratería daña nuestra economía".En consecuencia, y siguiendo la pauta del mencionado ejemplo perfecto de la policía del pensamiento, los estadounidenses requerirán de documentos de identidad para acceder a la red, lo cual ya se ha comentado también a nivel europeo, pero hasta ahora no había llegado tan lejos:
Es interesante que estas afirmaciones vayan en contra de un estudio del Departamento Gubernamental de Contabilidad para el congreso estadounidense a principios de año, que concluyó que no hay prácticamente ninguna prueba de los supuestos millones de dólares que ha perdido la industria del entretenimiento. El estudio sugería que la piratería podría incluso beneficiar la economía. Otro estudio digno de mención de hará tres años advierte que cada ciudadano viola leyes de propiedad intelectual de alguna forma en su día a día.
La nota de prensa de la Casa Blanca estaba repleta de frases en boga, pero corta en detalles. En cambio, indicaba que el gobierno estadounidense iba a monitorear cada vez más redes de intercambio y páginas de BitTorrent, y ayudar a grupos mediáticos en sus demandas/amenazas. La nota de prensa habla de "esfuerzos mayores en la aplicación de la ley a nivel federal, estatal y local". [...]
Quizás, la visión de la Casa Blanca es un preludio del Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que será presentado al congreso a finales de año. El acuerdo convertiría al P2P y BitTorrent en delitos penales si el software distribuido se usa indebidamente. También implementa una cláusula interesante llamada "infracción inminente", con la que los gobiernos pueden incriminar a aquellos que, en su opinión, estén a punto de infringir un delito (por ejemplo, si buscaras "Torrent Daft Punk" para descargarte su música). Esta es una de las primeras cláusulas oficiales de "policía del pensamiento" que ha propuesto el gobierno estadounidense. El acuerdo también convierte en delito penal evitar aplicaciones de DRM.
La iniciativa de regular y clausurar Internet bajo un nuevo sistema controlado por el gobierno se ha puesto en marcha a toda velocidad con el anuncio de que la estrategia gubernamental de cyber-seguridad gira en torno al uso de documentos de identidad sin las que no podrán visitar páginas web, lo cual supone el último bombardeo contra la libertad digital que, en combinación con el interruptor para apagar la red del senador Joe Liberman, servirá para eviscerar el Internet libre tal y como lo conocemos.
Con la excusa de la "cyber-seguridad", el gobierno pretende desacreditar y clausurar la infraestructura actual de Internet, para sustituirla con una nueva red centralizada y regulada. Es importante señalar que la "cyber-seguridad" no tiene nada que ver con proteger la infraestructura de los Estados Unidos, y todo que ver con tomar el control de Internet. La cyber-seguridad consiste en atacar a los usuarios de Internet no-obedientes, y no en defenderse de hackers. "No-obedientes" se refiere a aquellos que usan Internet como una herramienta política para mostrarse en desacuerdo con las políticas del gobierno estadounidense. [...]En esencia, se trata de centralizar Internet, al estilo del gobierno chino; empiezan con una "lista negra", y en cambio, acaban con una "lista blanca" de páginas permitidas, bloqueando el resto de la red. Y eso cuando no les dé por cerrar toda la red, por supuesto. Además de en EE. UU., ya se están empezando a llevar a cabo acciones similares en Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, y también en los estados de la Unión Europea, de momento individualmente, aunque tras el Tratado de Lisboa podemos esperar que ocurra a nivel de la comunidad política europea.
Tras varios apagones, el gobierno se limitará a exigir que cada empresa e individuo que quiera operar una página web tenga que obtener primero una licencia y un documento de identidad individual para Internet. Tales licencias se revocarán si uno usa "lenguaje inflamatorio", un término general que ahora abarca ofender a cualquiera en Internet.
El resultado será un Internet estéril y regulado, que se parece más a la televisión por cable que al Open Source real, el puesto avanzado de libertad de expresión que todos hemos llegado a conocer y amar.
Si os interesa mi opinión en cuanto a lo que ha presentado el gobierno estadounidense estas últimas semanas, se puede resumir en una sola palabra: miedo. Ya no se trata de oscuras referencias de gente poderosa que pretende implantar tal o cual en décadas próximas, lo cual puede achacarse (en ocasiones justamente) a chorradas conspiranoicas; se trata de una ley pronto vigente en el país más poderoso del mundo, y con la tendencia de seguirles los pasos que tenemos, me temo que no tardaremos en estar en la misma situación.
David Bravo - Ley de Economía Sostenible
La Ley Sinde que comenté recientemente no sólo ha levantado revuelo por la red. David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático del que ya hemos hablado por aquí, ha levantado la voz una vez más con una carta enviada al Consejo General del Poder Judicial a propósito de esta patraña.
Sin más dilación, aquí os la reproduzco, directa de su blog personal:
Sin más dilación, aquí os la reproduzco, directa de su blog personal:
AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIALY como apéndice, una conferencia a mano del abogado D. Carlos Sánchez Almeida, en la que equipara la abolición de la libertad de la red con la destrucción de la biblioteca de Alejandría y define la arquitectura misma de Internet de una forma muy ingeniosa que, espero, abra los ojos a escépticos de la mal llamada "piratería". Muy recomendable, de verdad.
Excelentísimos señores:
Mi nombre es David Bravo Bueno y soy abogado en ejercicio con despacho profesional en Sevilla. El motivo de la presente es la reciente aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en cuya Disposición Final Primera se prevén determinadas reformas del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
Las reformas propuestas pueden resumirse sucintamente en que mediante las mismas se atribuiría a una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de decidir si desde una página web se están vulnerando derechos de propiedad intelectual procediendo, en caso de que así lo consideren, al cierre de la misma o a la retirada del contenido objeto de controversia. En ese procedimiento se reservaría a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo la función de autorizar el cierre acordado por la Comisión, pero impidiendo que puedan entrar en el fondo del asunto, esto es, impidiendo que supervisen si efectivamente existe la infracción que motiva el cierre. De este modo, el ámbito de las competencias judiciales quedará limitado a analizar, no la pertinencia de la medida acordada, sino si la ejecución de ésta afecta a los derechos fundamentales de libertad de expresión o información.
Aunque puede ser utilizada por cualquiera y para perseguir cualquier tipo de página web si el denunciante considera que lesiona sus derechos, la reforma está pensada para otorgar a la industria de los contenidos una vía administrativa rápida que les permita lograr el cierre de un determinado tipo de página web: las conocidas como páginas webs de enlaces. La actividad de estas webs consiste en la de ofrecer enlaces a archivos que miles de ciudadanos intercambian entre sí utilizando ciertos programas informáticos. Es importante subrayar que estas páginas no tienen más contenido que los enlaces referidos y que carecen de archivo alguno, encontrándose éstos en los discos duros de los ordenadores personales de aquellos usuarios que han decidido compartirlos.
Para entender los motivos que encierra la propuesta incluida en la Ley de Economía Sostenible, es necesario explicar cuál ha sido el resultado de las acciones penales y civiles que desde hace años ejerce la industria de los contenidos contra este tipo de página web.
En el año 2006 se produjo una redada que tuvo como fruto la detención de 15 personas por administrar páginas de enlaces como las que acabo de describir. Todas ellas fueron imputadas por un presunto delito contra la propiedad intelectual (art. 270 CP) y los procedimientos recayeron en diversos juzgados de instrucción repartidos por varias ciudades españolas. Esta operación fue calificada por la entonces Ministra de Cultura, Dª. Carmen Calvo, como una de las más importantes actuaciones en defensa de la propiedad intelectual realizadas durante ese año 2006.
Sin embargo, con las excepciones que se dirán, las resoluciones hasta ahora recaídas en estos casos resolvieron el sobreseimiento de las actuaciones al entenderse por los diversos Juzgados que examinaron cada uno de estos asuntos que la actividad realizada por los imputados era penalmente atípica. Así sucedió en los casos de las páginas webs Sharemula, Tvmix.net, Todotorrente.com, Emule24horas.com, Spanishare.com, Cvcdgo.com, Etmusica.com, Elitemula.com, Indicedonkey.com y Naiadadonkey.com. El denominador común de la argumentación de esas resoluciones es que un enlace es una mera cadena de caracteres alfanuméricos que indica dónde se halla un contenido pero que no lo reproduce ni lo comunica públicamente. Un enlace sería pues un “mero dato fáctico” -por seguir la expresión utilizada por el profesor Garrote y la Audiencia Provincial de Madrid al resolver el caso Sharemula- que por sí mismo no realiza ningún acto de explotación de derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, dado que no existe el elemento objetivo del tipo -reproducción o comunicación pública de la obra- resulta irrelevante analizar si concurre o no ánimo de lucro, puesto que la existencia de éste sin la de aquél deja incompleto el tipo penal.
De este modo, los que realizan los actos de reproducción y/o comunicación pública son los propios usuarios que gratuitamente intercambian esos archivos en las redes P2P y no quien simplemente enlaza a tales archivos desde este tipo de webs. De nada serviría -siguiendo el razonamiento de las resoluciones mencionadas- acudir a la figura de la cooperación necesaria porque la actividad de estos usuarios es atípica penalmente ya que no obtienen rendimiento económico alguno por su actividad. No siendo delito la actividad de los usuarios, en ningún caso podrá existir responsabilidad criminal por cooperación necesaria a los actos de éstos.
Por rigor, merece la pena indicar que pese a esta doctrina reiterada existen dos sentencias condenatorias contra administradores de páginas de este tipo. Sin embargo hay que destacar un aspecto diferenciador de las mismas -además de la mera y obvia diferencia cuantitativa- y es que esas sentencias lo son de conformidad, esto es, son fruto de un acuerdo entre las partes. En esos dos casos (los de las páginas webs SimonFilmsTV e infopsp) los denunciados no adujeron que sus páginas únicamente contenían enlaces ni realizaron argumentación alguna en tal sentido. Es por ello por lo que las sentencias de conformidad dictadas no emiten pronunciamiento alguno sobre la naturaleza jurídica del enlace ni sobre si éstos pueden suponer o no comunicación pública de los archivos a los que remiten. Sin necesidad de hacer grandes argumentaciones al respecto, baste subrayar como conclusión que las pocas veces que a los denunciantes se les ha dado la razón en sus tesis ha sido cuando nadie se las ha discutido. Y a sensu contrario: siempre que se ha sostenido ante el juzgado la defensa de la inocuidad del enlace respecto de las infracciones de derechos de propiedad intelectual y se ha dictado una resolución que pone fin al asunto, ésta lo ha sido de archivo del procedimiento y no de condena.
Ante el fracaso de la vía penal, la entidad de gestión de derechos SGAE ha ejercido acciones civiles contra titulares de este tipo de páginas webs y, hasta el momento, con nulos resultados. Los Juzgados de lo Mercantil que están entendiendo de las demandas interpuestas están decantándose por inadmitir la adopción de las medidas cautelares solicitadas junto con la demanda al entender que no se cumple el requisito de apariencia de buen derecho dado que las páginas demandadas no realizan acto de explotación de derechos de propiedad intelectual alguno. En uno de esos casos (el de las páginas webs Elitemula y Etmusica) el juzgado, que había concedido la adopción del cierre cautelar de la web inaudita parte, decidió revocar su propia decisión tras la oposición de la demandada, que se basó en la imposibilidad de que un enlace pueda infringir derechos de propiedad intelectual al no reproducir ni comunicar públicamente las obras a las que remite.
La única sentencia dictada hasta el momento en vía civil es la recaída en el caso que estudiaba la demanda contra la página de enlaces llamada elrincondejesus.com. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona desestima íntegramente la demanda de SGAE esgrimiendo también la inexistencia de infracción de derechos de propiedad intelectual por carecer la web de contenidos protegidos, más allá de los enlaces que la actora señalaba como objeto del procedimiento.
Llegados a este punto resulta ya fácil explicar por qué sostengo que las reformas incluidas en la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible suponen una burla a nuestro sistema judicial. Esto es así porque la reforma no pretende frenar la proliferación de este tipo de páginas webs con un cambio en las normas del juego que las hagas jurídicamente atacables sino con una sustitución burda y grosera de los árbitros naturales de ese conflicto. De este modo, y a sabiendas de que los jueces están resolviendo que las páginas de enlaces no suponen infracción de derechos de propiedad intelectual, el atajo tomado ha sido el de sustraer a los mismos ese poder de decisión. Teniendo en cuenta el sentido de las resoluciones que estaban adoptando, no parece en absoluto casual que el papel que ahora se les reserva ab initio esté limitado a que no entren a discutir la propia existencia de la infracción ya declarada por la Comisión del Ministerio de Cultura.
Pese a que el ejecutivo no lo dice de forma expresa, en ocasiones algunos de los actores involucrados en este conflicto han puesto negro sobre blanco el motivo del futuro nacimiento de ese órgano administrativo y de las funciones que tendrá atribuídas. El secretario sectorial de Comunicación Social, Cultura y Deporte de UGT, Carlos Ponce, al ser preguntado por la última resolución que manifiesta que las páginas de enlaces no vulneran derechos de propiedad intelectual, mostró su indignación con la misma declarando que confiaba que se aprobara la Ley de Economía Sostenible para "detener las sentencias que puedan atentar contra los derechos de propiedad intelectual". Según informa EFE, a continuación indicó que “de ello” se encargaría “una nueva comisión parlamentaria que se establecería con representantes de la industria y de los consumidores”. El motivo por el que esta declaración me resulta escandalosa no es porque su autor considere que las sentencias que comentamos atentan contra los derechos de propiedad intelectual, una opinión a todas luces errónea desde el punto de vista jurídico pero, en cualquier caso, perfectamente amparada por el derecho de libertad de expresión de quien las profiere. La razón de mi perplejidad y, en cierto modo, preocupación, estriba en que el señor Ponce sugiera que el supuesto atentado a los derechos de propiedad intelectual que encierran esas resoluciones pueda y deba ser combatido, no con el pertinente recurso, sino sencillamente trasladando las competencias decisorias de esos juzgados a un órgano administrativo del que espera y prevé otras resoluciones más acordes a sus intereses u opiniones.
Con mayor claridad incluso, Marisa Castelo, abogada de la industria de los contenidos, ofreció hace unos meses una entrevista online en el periódico ABC donde también puso las cartas sobre la mesa. Tras defender a ultranza la reforma que estamos comentando y, ante la pregunta de si se “ganan muchas demandas por violaciones de propiedad intelectual en internet”, la letrada contesta: “has dado en el clavo” y agregó que “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”.
El motivo de ponerles en antecedentes mediante esta carta es el de preguntarles su parecer sobre lo que personalmente considero un despropósito que ataca a pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Mi intención es también que la presente les estimule para que indaguen en los hechos aquí narrados y, tras su verificación, exijan explicaciones a aquellos que pretenden cerrar un determinado tipo de página web apartando del conocimiento de esa materia a los tribunales que estaban resolviendo de forma reiterada en sentido contrario.
Lo anterior se lo comunico a los efectos legales oportunos.
Aprovecho la ocasión para reiterarles mi consideración más distinguida.
Comienza la censura
En estos instantes estoy en Madrid, pero no he podido evitar venir aquí a comentar algo de lo que me he enterado y, si es posible, de lo que me gustaría hacer algo de eco, aunque toda la red nacional esté ya trabajando en ello. Llamémoslo mi granito de arena a la lucha contra el escándalo que se ha perpetrado hoy ya definitivamente: el cierre de las páginas webs que, según la SGAE (una empresa privada, no gubernamental y que no ha sido elegida por los ciudadanos), infringen los llamados derechos de autor. La Ley de Economía Sostenible se ha aprobado hoy.
Mi mensaje es corto: haced eco de la noticia donde podáis. La censura digital ha comenzado, y la libertad de Internet desaparece a cada día que pasa. Empezamos con lo mundano, pero indignante: cierran SeriesYonkis, Taringa, Vagos, y muchas otras páginas similares. Pero esto solo es el principio, y para cuando nos demos cuenta, tendremos que pagar para hacer cualquier cosa en la red, una vez libre y pronto totalmente controlada.
Uníos a la lucha contra esta barbaridad, y quizás el ciudadano medio acabe concienciándose acerca de lo que supone una organización no electa, privada, pero a la que en cambio se le dan derechos que no deberían pertenecerles. Si la gente no se da cuenta ahora, ya lo tendrá bien claro cuando tengamos que pagar incluso para respirar aire limpio.
Permitidme divagar un poco: George Orwell tuvo una visión de lo que podría ocurrir si el socialismo (y para el caso otras formas de gobierno) se truncaran y tomaran el camino equivocado. En cambio, no acertó: lo que nos mantiene en la pobreza física e intelectual, en la ignorancia y al nivel del barro, no es la Guerra Perpetua, sino el consumo perpetuo. Si no lo creéis, mirad a vuestro alrededor. Mirad lo que está pasando. Nos quieren cobrar hasta por disfrutar de la cultura y el entretenimiento, por la energía, por las comunicaciones, por un aire sano.
Decidme, si eso no es una corporatocracia, ¿qué lo es?
Mi mensaje es corto: haced eco de la noticia donde podáis. La censura digital ha comenzado, y la libertad de Internet desaparece a cada día que pasa. Empezamos con lo mundano, pero indignante: cierran SeriesYonkis, Taringa, Vagos, y muchas otras páginas similares. Pero esto solo es el principio, y para cuando nos demos cuenta, tendremos que pagar para hacer cualquier cosa en la red, una vez libre y pronto totalmente controlada.
Uníos a la lucha contra esta barbaridad, y quizás el ciudadano medio acabe concienciándose acerca de lo que supone una organización no electa, privada, pero a la que en cambio se le dan derechos que no deberían pertenecerles. Si la gente no se da cuenta ahora, ya lo tendrá bien claro cuando tengamos que pagar incluso para respirar aire limpio.
Permitidme divagar un poco: George Orwell tuvo una visión de lo que podría ocurrir si el socialismo (y para el caso otras formas de gobierno) se truncaran y tomaran el camino equivocado. En cambio, no acertó: lo que nos mantiene en la pobreza física e intelectual, en la ignorancia y al nivel del barro, no es la Guerra Perpetua, sino el consumo perpetuo. Si no lo creéis, mirad a vuestro alrededor. Mirad lo que está pasando. Nos quieren cobrar hasta por disfrutar de la cultura y el entretenimiento, por la energía, por las comunicaciones, por un aire sano.
Decidme, si eso no es una corporatocracia, ¿qué lo es?