La Ley Sinde vuelve y se aprueba

La Ley Sinde ha sido aprobada tras una renegociación con el PP y CiU, y un cambio en el texto que si bien pretende darle una autoridad judicial al asunto, en realidad no cambia la situación de una comisión privada formada por individuos con intereses privados en la industria. Los lobbys industriales ya no son sólo grupos de presión; ahora forman parte del gobierno. Noticia de "No al cierre de webs":

El Gobierno y sus socios asestan un golpe definitivo a la libertad en Internet. El PSOE ha conseguido el apoyo necesario para sacar adelante la Ley Sinde en el Senado. De nada han servido las protestas de los ciudadanos ni las movilizaciones en redes sociales o incluso en la calle. Las páginas de enlaces están condenadas al bloqueo.

Ya es una realidad y parece irrevocable. La Ley Sinde ha recibido el apoyo de sus precursores (el Partido Socialista) y de de sus principales socios, el partido nacionalista catalán Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP).

Hasta el último minuto no fueron derribadas las esperanzas de miles de internautas, ignorados por la clase política española. Gracias a los votos de PSOE, PP y CiU, la Ley de Economía Sostenible ha sido aprobada, lo que supone la entrada en vigor de la censura en la Red ya que se cerrarán páginas web de enlaces con una mínima participación de la figura judicial.

El Juez seguirá sin entrar en el fondo del asunto. El nuevo texto aprobado introduce mayores "garantías judiciales" según fuentes del ejecutivo. El único cambio introducido es que para el cierre de una página web se requerirá una "autorización judicial previa" para que la Comisión dependiente del Ministerio de Cultura requiera la identificación del dueño de la página web que está infringiendo los derechos de los autores. En opinión de los expertos, el nuevo texto no aporta ninguna garantía judicial con respecto al anteproyecto de ley.

Según el Gobierno, el juez intervieve desde el primer momento del proceso, cuando la comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad. Sin embargo, en opinión de los expertos, será la comisión dependiente de Cultura quién decida las páginas que vulneran o no los derechos de propiedad intelectual.

Además, el pacto entre los grupos políticos incluye un compromiso por parte del Gobierno de reformar en el plazo de tres meses el canon digital.

Cierres a partir del verano. Los primeros cierres de páginas web se producirían, según afirmó la ministra González-Sinde, en abril de 2011, aunque parece una fecha un tanto prematura, dado que es probable que para entonces sólo se haya constituido la Comisión. Otras fuentes apuntan a agosto del próximo año como fecha de inicio en el proceso de caza y captura de las webs con enlaces.

Reacciones en Twitter. La Red social está que arde, todos los internautas, bloqueros, empresarios, e incluso personas de la industria del cine como Alex de la Iglesia han mostrado su desacuerdo con la ley.

El gran problema con todo esto es mayor que los derechos digitales. Soy el primero en desconfiar del proceso democrático tal y como se propone hoy día. No tengo una gran confianza en los jueces. Pero si bien el sistema judicial es corruptible, con esto se están dando poderes directos a aquellos a los que la mayoría solemos reconocer como la fuente de la corrupción política; en otras palabras, ya no es un poder corruptible, es la corrupción en sí misma en el poder.