Pero nos acercamos a mediados de septiembre así que llega ese día de hipocresía. Así, algunos lo han aprovechado para crear festivales que de hecho sirvan para algo. Otros, como el abogado David Bravo, han hecho un análisis de cómo el 11-S ha influido en nuestras libertades civiles y especialmente en las de los estadounidenses durante esta última década:
Las leyes de seguridad nacional que se imponen recortando libertades necesitan el miedo como los vendedores de paraguas necesitan la lluvia. El estado de alarma que atenazó a EEUU tras los atentados del 11 de Septiembre, sumado a su perpetuación mediante la cultura del miedo sostenida desde los medios de comunicación, creó el clima propicio para la proliferación de leyes que hacían desaparecer derechos civiles conquistados durante décadas.
Como suele suceder tras acontecimientos tan dramáticos como los del 11-S, la clásica pugna entre seguridad y libertad, se inclinó hacia la primera en perjuicio de la segunda. Justificando el medio por la importancia y urgencia de sus fines, normas restrictivas guardadas durante años en un cajón encontraron en esta época el momento propicio para asomar la cabeza. Teniendo en cuenta que el contexto social de aquella época en EEUU era el de que un ciudadano común tenía miedo a abrir cartas por si contenían ántrax, no es de extrañar que leyes que en cualquier otro momento habrían sacado a buena parte de los ciudadanos a la calle para protestar por la erosión de sus libertades, desfilaban ahora orgullosas y conscientes de que no serían muchos los que osarían a levantarles la voz. "Aquí tienen nuestros derechos civiles, ahora protéjannos" dijeron muchos ciudadanos que en aquellos momentos no vieron nada de malo en el trato.
La USA Patriot Act -cuyo nombre colocaba ya a las primeras de cambio a sus opositores la etiqueta de antipatriotas- recogía todo un articulado que eliminaba de raíz garantías constitucionales básicas de detenidos e introducía medidas que violaban la privacidad de los ciudadanos bajo pretexto de facilitar la guerra contra el terrorismo. Gracias a esta ley que convertía a todos en sospechosos, el FBI podía ahora acceder, entre otras fuentes, a la lista de libros que los ciudadanos estadounidenses sacaban de las bibliotecas para ver si sus hábitos de lectura encajaban con el perfil de alguien adscrito a una organización terrorista. Sobre esta cuestión, que puso en guardia a muchas bibliotecas del país, el presidente Obama dijo en la conferencia anual de 2005 de la American Library Association que él creía en una lucha contra el terrorismo que no pisoteara los derechos civiles y que no le gustaba "que los agentes federales fisgoneen en nuestras bibliotecas". Sin embargo, Obama terminó apoyando las disposiciones de la USA Patriot Act, con esa bien conocida habilidad de los presidentes de firmar con la mano lo que borran con el codo.
Además de la facultad de conocer lo que los ciudadanos leían, la USA Patriot Act permitía también al FBI el acceso a la correspondencia y a las comunicaciones telefónicas y por medio de internet de aquellos que pudieran ser sospechosos de terrorismo. La laxitud con la que se definía ese término permitía controles e inspecciones arbitrarias. La autorización para la interceptación de estas comunicaciones durante 48 horas podía darla un Fiscal federal sin que fuera ya necesaria la intervención del juez. Además, como explica Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional, "también se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de actividad y los correos electrónicos de un sospechoso". Tal y como informó la revista Wired, el FBI trató de instalar el sistema de vigilancia electrónica Carnivore en las instalaciones de los proveedores de acceso a internet de EEUU y consiguió obtener informaciones de las cuentas de correo en cuya dirección se encontraba la palabra "Alá".
La ola de miedo se extendió por varios países, que vieron en este clima de paranoia la excusa perfecta para aumentar sin demasiada oposición sus posibilidades de control y autoridad. Tanto es así, que tan solo un año después de los atentados del 11-S, Reporteros Sin Fronteras ya advertía de que "la Red puede muy bien figurar en la lista de 'daños colaterales' de la deriva generalizada de la seguridad". Así, pocos meses después de los atentados, en Alemania se aprobó el paquete de medidas conocida como Otto-Katalog, que permitía a las autoridades acceder a datos de los ciudadanos como informaciones relativas a intercambio de e-mail y en Canadá dieron luz verde a la Ley Antiterrorista que permitía por primera vez que un servicio del Ministerio de Defensa efectuara escuchas telefónicas de cualquier ciudadano, sean o no canadienses. Leyes semejantes se aprobaron también en países como Italia o Dinamarca.
Además de las facultades de inspección y control de los ciudadanos, la USA Patriot Act hacía desaparecer garantías constitucionales esenciales de detenidos sospechosos de terrorismo. El mayor y más desgraciado símbolo de esta tendencia es el Centro de Detención de la Bahía de Guantánamo, dentro de cuyas fronteras era una utopía el derecho a la integridad física y moral, al hábeas corpus y a un juicio justo.
Los informes filtrados recientemente por WikiLeaks confirmaron lo que desde fuera ya se intuía: "que muchos de estos hombres fueron detenidos por motivos falsos" y que "han permanecido años recluidos sin acceso al sistema legal estadounidense", tal y como ha denunciado Susan Lee, Directora del Programa para América de Amnistía Internacional. Según esos mismos informes, muchos de los detenidos eran inocentes. Chóferes, granjeros o cocineros que simplemente fueron capturados en redadas en zonas de guerra. Para el gobierno de los EE UU fue la mala suerte y no unas leyes represivas las causantes de la injusticia. Estuvieron detenidos durante años, informa la BBC en su noticia sobre los informes filtrados, "por una confusión sobre su identidad" o porque estaban "en el momento y lugar equivocados".
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